Por: Julio A. Millán Bojalil
Presidente Fundador de Consultores Internacionales S.C.
Presidente Fundador World Future Society, Capítulo Mexicano A.C.
Profesor Colegio de Defensa Nacional
Presidente del Consejo Editorial de la Revista Militar Armas
Es el binomio más importante para la estabilidad social y política de un país. No se puede tener desarrollo integral sin seguridad integral, esto es determinante para que un gobierno tenga éxito.
En la actualidad, hay por lo menos dos factores que están presentes y que impactan en la noción de seguridad que tradicionalmente ha imperado en el Estado mexicano: la existencia de una percepción de inseguridad promovida, tal vez, por una mala estrategia de seguridad pública; y una falta de satisfacción de muchas de las necesidades de la población que podrían garantizar un entorno de seguridad.
Pero debe entenderse, que no solo abarca la eliminación de la violencia en todas sus formas, sino que están relacionados todos los campos del acontecer social y del ejercicio de la justicia en una función amplia, impacta radicalmente en la economía, la salud, la educación, la reducción de la pobreza, la alimentación y, en general, la satisfacción de todas las necesidades humanas.
Por ello, es al segundo aspecto al que se le debe poner más atención: la falta de cobertura de necesidades básicas, como la alimentación, la salubridad, la seguridad económica, o la expresión de las libertades políticas fundamentales. Estos parámetros, que han estado relegados de los enfoques tradicionales de la seguridad, son básicos para el futuro de las sociedades y en el completo desarrollo nacional.
Tanto la Ley de Seguridad Nacional como la Ley del Sistema de Seguridad Pública, y los Planes Nacionales de Desarrollo se quedan cortos respecto a la atención de estos asuntos prioritarios. Históricamente, se ha reconocido el papel de las Fuerzas Armadas y su permanente lealtad a los poderes constitucionales, así como a su compromiso con el proyecto nacional que ha permitido tener paz interior y fronteras seguras. Pero no se reconoce en su plena magnitud, el fondo la crisis por la que atraviesan las víctimas de la delincuencia, la extorsión, la insalubridad, el desempleo, así como la desigualdad en los grupos indígenas y los migrantes, por mencionar algunos ejemplos.
Replantear estas carencias y posicionarlas como parte de los objetivos y metas nacionales, ofrecerá la posibilidad de tomar mejores decisiones y elaborar políticas públicas que mejoren la relación del Estado con la sociedad. Es un compromiso que necesita de un pensamiento de largo plazo, porque la seguridad debe atender amenazas crónicas, pero también proteger frente a perturbaciones inesperadas y dañinas que afecten la vida diaria de los hogares y comunidades.
En este sentido, es fundamental retomar el concepto de Seguridad Humana propuesto por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que permite trabajar para proteger a las personas al tiempo que brinda elementos para el desarrollo y la realización.
Esta propuesta implica crear sistemas políticos, sociales, ambientales, económicos, militares y culturales que en conjunto brinden a las personas los elementos básicos para la supervivencia, la subsistencia y la dignidad. Se trata de implementar una política de seguridad multidimensional que trabaje para garantizar: 1) la seguridad económica, 2) la seguridad alimentaria, 3) la seguridad sanitaria, 4) la seguridad ambiental, 5) la seguridad personal, 6) la seguridad comunitaria, y 7) la seguridad política.
La contribución del enfoque de Seguridad Humana reside en haber alejado el foco, al menos en algunos aspectos, de las concepciones de seguridad nacional centradas sólo en el Estado y la defensa del territorio e interés nacional, sino que ya toma en cuenta las consideraciones de seguridad centradas en las personas en todas sus dimensiones. El desarrollo humano sostenible es visto como el pilar de toda estrategia de seguridad global, nacional y local.
La estrategia nacional de seguridad deberá enfrentarse a estas nuevas concepciones, y ajustar sus lineamientos hacia metodologías y acciones que privilegien a las personas. También será necesario un compromiso fuerte al más alto nivel en los tres órdenes de gobierno, que conduzcan a este propósito. Y, por supuesto, será necesario implementar por lo menos cuatro acciones concretas:
1. Hacer un uso honesto y eficiente de los recursos públicos, con un sistema de transparencia y rendición de cuentas que garantice que se están aplicando en un sentido verdaderamente social y que favorezcan a la población.
2. Responsabilizar a los funcionarios públicos de todos los niveles para cumplir con sus mandatos, de forma eficaz y eficiente. Esto sólo se puede lograr a partir de una capacitación constante y un verdadero compromiso con la nación.
3. Garantizar el ejercicio de todas las libertades asignadas en la Constitución, para que todos los ciudadanos puedan desarrollarse y crecer con sus familias.
4. Cuidar la democracia como el único sistema bajo el cual se puede garantizar la justicia social.
Un país que está en verdadera paz y armonía es aquel que puede satisfacer todas las necesidades de su población. Un desarrollo sostenible es la única arma que existe para lograr la seguridad.
Las Fuerzas Armadas mexicanas son un baluarte de un ejemplo de patriotismo para el país; en estos momentos que tiene asignaciones tan diversas, se vuelve más preponderante e influyente para la seguridad y el desarrollo.