Por: José Ramón Cossío Díaz. Ministro en retiro. Miembro de El Colegio Nacional. Profesor en El Colegio de México. @JRCossio
A lo largo de sus cinco años como titular del Poder Ejecutivo, el Presidente ha venido asignando una gran cantidad de tareas a los miembros de las Fuerzas Armadas. A diferencia de lo que realizaron sus predecesores, el actual presidente de la República ha modificado o impulsado la modificación diversos ordenamientos para darle respaldo jurídico a tales tareas. Una somera revisión a las leyes de seguridad, de organización de la administración pública o de aeropuertos, puertos y aduanas, por ejemplo, lo mostrarían con facilidad.
De la misma manera, es posible identificar la presencia de los miembros de las corporaciones militares, considerando los presupuestos de egresos asignados, por mencionar una de las formas de su involucramiento directo en tareas de distinta naturaleza. Creo que no es posible negar la creciente presencia de las fuerzas armadas en ámbitos diferenciados de la vida nacional, más allá de si pueden considerarse justificadas jurídica o políticamente.
Partiendo de la indudable presencia militar y naval, es importante preguntarnos por las condiciones futuras de las Fuerzas Armadas en el México por venir. Esta pregunta tiene que ver con el desarrollo democrático de la población, pero también, y desde luego, con la institucionalidad de los cuerpos armados.
Como jefe del Estado mexicano, el presidente de la República tiene el carácter de comandante supremo de las Fuerzas Armadas de tierra, mar y aire. Aun cuando nuestro ordenamiento jurídico reconoce esta posición sin ningún género de duda, determina que la totalidad de las posibilidades de mando y obediencia deben sujetarse a lo previsto en el propio ordenamiento. No se debe utilizar la posición suprema para ordenar cualquier cosa que le plazca y estar claro que no deben ser contrarias al derecho.
ENTENDIMIENTO CONSTITUCIONAL Y DEMOCRÁTICO
Desde un entendimiento constitucional y democrático, es evidente que los cambios normativos llevados a cabo en los últimos años, podrían ser revocados por las mismas autoridades que los emitieron y que ello, en modo alguno, debería generar obstáculos o demandas en sentido contrario. Así, por ejemplo, si el Congreso de la Unión que habrá de integrarse a partir del 1° de septiembre de 2024 decidiera derogar las adiciones a las competencias de las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, los soldados y marinos debieran asumir tales cambios como parte del ejercicio democrático que están obligados a garantizar. De igual manera, debieran comportarse frente a la decisión de modificar sus relaciones jurídicas con determinados bienes nacionales, o con la constitución de las entidades jurídicas encargadas de administrarlos. Este sería el comportamiento correcto de las personas a las que se les han asignado un sinnúmero de tareas no vinculadas de manera directa con la disciplina militar ni la protección de la seguridad nacional o exterior.
ACATAMIENTO INSTITUCIONAL
Dado el generalizado nivel de acatamiento institucional que han observado las Fuerzas Armadas en las últimas décadas, los comentarios anteriores parecieran sobrar. Que, por los niveles de acatamiento a las órdenes de las autoridades civiles, pudieran parecer ociosas las preguntas sobre el eventual cumplimiento a lo ordenado por los nuevos titulares del poder público. Sin embargo, existe la legítima preocupación acerca de si, en efecto, las Fuerzas Armadas continuarán manteniendo la obediencia debida a quien, por haber resultado vencedor en las urnas, asumirá el carácter de comandante supremo o si, por el contrario, la lealtad se mantendrá respecto de la persona que en su sexenio les dotó de tan amplias competencias y recursos.
Por más que queramos evitar la discusión sobre el papel y la posición de las Fuerzas Armadas con motivo del cambio presidencial que se avecina, la pregunta está formulada. No como un mero ejercicio retórico, sino como parte de las legítimas preocupaciones sobre el futuro de la democracia nacional.
