Por: José Ramón Cossío Díaz, Ministro en retiro, Miembro de El Colegio Nacional, Profesor en El Colegio de México.
Las elecciones del próximo 2 de junio determinarán la sustitución de los titulares de diversos poderes públicos federales y locales. Entre ellos la del Presidente de la República, quien a lo largo de los últimos años ha tenido el carácter de Comandante Supremo de nuestras Fuerzas Armadas. A diferencia de otros momentos semejantes, el cambio que se avecina conlleva un reto particular.
En el sexenio del Presidente López Obrador se ha llevado a cabo una transformación cuantitativa y cualitativa de las Fuerzas Armadas. Por una parte, se les han asignado muchas y amplias funciones militares y civiles.
Su magnitud está a la vista. Soldados y marinos participan en la construcción de obras públicas, en la administración de puertos y aduanas, y tantas otras cosas más. Cualitativamente se han producido cambios institucionales sin precedentes por la juridificación de las posibilidades de participación en diversas leyes y reglamentos.
En los momentos de cambio político y jurídico que están por llegar, es necesario que los integrantes de las Fuerzas Armadas se hagan dos preguntas fundamentales. Primera, ¿si quieren mantener las funciones, presupuestos y normas que se les han dado en el presente sexenio? Segunda, y en caso de que no sea así, ¿Cómo podrían revertirlos?
Las Fuerzas Armadas pueden asumir que no les corresponde modificar el actual estado de cosas por no haberlo propiciado. Esta decisión implica aceptar, simultáneamente, que todo lo asignado es propio de la función castrense, así como las responsabilidades que esas tareas conllevan. Si, por el contrario, estiman que uno o ambos temas no son propios o aceptables a la naturaleza de su función constitucional, se abre una importante cuestión. La de cómo participar en la supresión de tareas sin incurrir en desobediencia.
La segunda decisión pasa por varias etapas. De manera inicial, por determinar lo que, en efecto, se considere propio del quehacer militar o, en sentido negativo, aquello que no tiene que ver con la manera en la que las Fuerzas Armadas están concebidas en la Constitución y por la mejor doctrina militar.
Subsecuentemente, en la construcción de una estrategia de retirada que preserve tanto la salida de las tareas encomendadas como la preservación de los servicios asignados.
El país está viviendo una etapa de grandes tensiones, algunas de ellas de origen doméstico y otras de génesis global. Por la naturaleza de los fenómenos geopolíticos y delincuenciales que se están dando, nuevamente, en nuestro país y en el mundo, la labor de las Fuerzas Armadas será decisiva para la seguridad nacional de los mexicanos. Es en este contexto en el que los actuales integrantes de los cuerpos armados tienen que definir su función en el futuro próximo. Tienen que determinar, con total respeto a las normas jurídicas democráticas que nos rigen, las actividades que quieren tener. Las tareas esenciales a las que van a dedicarse y las que consideran propias de la acción ordinaria de la administración pública.
Una vez definido el aspecto material, tendrán que proceder, con el mismo cuidado institucional, a la ordenada salida de aquello que hayan decidido que no les es propio.
Las Fuerzas Armadas están hoy ante una disyuntiva. La de continuar realizando lo que se les ha asignado inclusive, incrementarlo, o imaginarse el papel que les corresponde cumplir en el México democrático y plural en el que las grandes mayorías nacionales queremos vivir.