Por: Rolando Cordera Campos. Profesor emérito, Facultad Economía UNAM. Coordinador del Grupo Nuevo Curso de Desarrollo. Miembro titular del Seminario de Cultura Mexicana. Colaborador semanal de los periódicos El Financiero y La Jornada.
La pandemia nos puso de frente a la fragilidad extrema de economía que, además, en los últimos cuarenta años, ha registrado una trayectoria socialmente insatisfactoria. El crecimiento económico, que suele asociarse al Producto Interno Bruto (PIB) total, y por persona, ha sido incapaz de generar los empleos formales, bien pagados y suficientes que la dinámica poblacional demanda. Baste considerar que entre 1981 y 2000, el crecimiento del PIB fue de 2.1 (el del PIB per cápita 0.4) y entre 2000 y 2019 fue de 1.9 (y el del PIB per cápita 0.6).
VUELCA DE TUERCA ECONÓMICA
Este desempeño del agregado más socorrido de la economía, debería ser el gran faro iluminador del desafío mayúsculo que encaran el Estado y la sociedad mexicanos. México necesita modificar radicalmente sus políticas económicas y sociales, hacer una reingeniería del gasto, poner al empleo como objetivo central y criterio articulador de las políticas y programas del Estado; imaginar otra economía, que recoja y dé sentido a un renovado acuerdo social que encare de frente las insuficiencias del aparato productivo nacional y lo ponga en proa de un nuevo curso de redistribución social y bienestar generalizado.
Tal pacto debería llevarnos a asumir, como necesaria y crucial tarea nacional, la realización de una reforma hacendaria y tributaria recaudatoria y redistributiva. Sólo así podrán el país y el Estado disponer de mayores recursos y plantearse la magna tarea, por demasiado tiempo relegada, de asignarlos con transparencia y criterios (re)distributivos a programas de beneficio social, sobre todo para los grupos de menores ingresos. Lo anterior implicaría recuperar a la programación económica y hacendaria como forma principal de gobierno y organización del Estado.
Así, a partir de esta vuelta de tuerca, podríamos los mexicanos proponernos caminar hacia una sociedad justa y de bienestar; una economía sostenible y en crecimiento y una institucionalidad política asentada en la vigencia de un Estado constitucional de derecho y derechos. Un Estado desarrollista y democrático.
DESIGUALDADES EN ASCENSO
Desde 2008 y, desde luego, desde 2020, el mundo ha enfrentado crecientes desafíos: aumento de las desigualdades y vulnerabilidades, deterioro de los bienes públicos, desconfianza ciudadana en la democracia como forma de gobierno, progresivo daño ambiental, inestabilidades de los flujos comerciales y los movimientos financieros.
“Estamos muy lejos de lo que entendemos por una buena economía, opina el economista Antón Costás. La globalización, el cambio técnico y las políticas económicas han provocado una gran desigualdad de renta, empleo y oportunidades”.1
Hoy, las sociedades son más desiguales y están crecientemente acosadas por todo tipo de brechas y violencias, economías colapsadas, cadenas productivas rotas, desempleo, migraciones masivas. “Las sociedades están cada vez más divididas (un) gran aumento de las desigualdades. Incluso en países como Francia, en los que las desigualdades están más contenidas, hay inseguridad y ansiedad, especialmente acerca de las perspectivas de renta y de empleo, lo que alimenta la exasperación social, asegura el profesor Rodrik, y agrega: Es el fruto de la desindustrialización, de la que son responsables la globalización y el cambio tecnológico. Y todo ello se ha producido en un marco en el que las instituciones protectoras se han replegado”. 2
REPENSAR LA GLOBALIZACIÓN
Si lo que se busca es reencauzar, por así decir, la energía mundial en pos del bienestar, la justicia social, la seguridad y la protección, “Necesitamos empezar a repensar la globalización y sus reglas, como afirma Stiglitz. 3 Y añade: “Hemos pagado un precio alto por la ortodoxia actual. La esperanza ahora reside en prestar atención a las lecciones de los grandes shocks de este siglo”.
En nuestro caso, se trata de lograr que el crecimiento económico cuente con capacidades efectivas que dé lugar a un desarrollo socialmente sostenible, con capacidad de redistribuir excedentes, con criterios no sólo de equidad, sino de justicia social. Hacer caminar juntas a la política y a la economía utilizando a la democracia como marco insustituible de nuestros intercambios. Así, la reforma fiscal podrá fincar las bases de una nueva economía, incluyente y sustentable.
Para ello, se necesita, como dijimos, un amplio pacto entre las fuerzas políticas y sociales y los agentes económicos. Pacto que, además, podría contribuir a mejorar el diálogo entre la sociedad y el gobierno; propiciar la inversión y el crecimiento; fortalecer inversiones; ampliar capacidades técnicas y de infraestructura; generar los empleos suficientes y cuidar del medio ambiente. Éste sería un contexto favorable y propiciatorio de nuevas formas de asociación con la inversión internacional, hoy volcada a una reconfiguración de gran calado y largo alcance. Ahí debe inscribirse la recuperación mexicana de la idea del desarrollo.
ECONOMÍA MIXTA
Pienso que una fórmula que puede dar curso a una efectiva recuperación económica, que por serlo es también social, es la de un programa nacional de inversiones que a la vez que sea la base para una economía mixta renovada, otorgue fuerza política y legitimidad intelectual a la referida reforma hacendaria.
“Una política que se enfoque en las transformaciones estructurales necesarias para el desarrollo incluyente, ha postulado el Grupo Nuevo Curso de Desarrollo,4 supone algunos prerrequisitos y facilitadores, el diálogo y el acuerdo social, alcanzar condiciones de seguridad y paz, fortalecer las capacidades del Estado para la gestión del desarrollo, reconsiderar el papel del trabajo, lograr un ambiente favorable para la inversión y desplegar una acción internacional que fortalezca la cooperación regional y subregional y las negociaciones multilaterales también, fortalecer las instituciones de la democracia representativa, en particular, el diálogo en el Congreso como vía para llegar a acuerdos nacionales en los diversos temas”.
En suma, se trataría de asumir como tema central e impostergable de la agenda nacional la construcción de regímenes de bienestar y protección social bajo el enfoque del derecho al desarrollo, la democracia global y la protección y ampliación de los derechos humanos.
